Si hay un hito sobre el que teníamos muchas expectativas depositadas era el Decreto Ley de Simplificación Administrativa de la Generalitat, aprobado por el Pleno del Consell hace apenas 10 días. Una normativa que apuntaba alto porque ponía orden a una endiablada maraña burocrática de 29 leyes, 37 decretos, 8 órdenes y más de 500 artículos vigentes que complicaban y encarecían considerablemente el inicio de cualquier actividad empresarial.

Un decreto ley que había visto la luz, además, gracias a que se confió en la colaboración público-privada. Al respecto, FEMEVAL y nuestras asociaciones del subsector servicios de empresas instaladoras del metal como ASELEC, ASEIF, ACVIRME, AVICLIMA y FEVAUTO afectadas por esta situación, tuvimos la oportunidad de dar forma a esta normativa, capitaneados por la Dirección General de Simplificación, junto a la Dirección General de Industria y la Dirección General de Energía, a cuyos responsables agradecemos su esfuerzo e interés en escuchar y recoger nuestras aportaciones.

Pero lo que parecía que iba a simplificar las cargas administrativas ahora se complica al tener fecha de caducidad. Y todo porque el nuevo tablero político de Les Corts ha provocado un enfrentamiento entre partidos, que ha forzado que se tenga que tramitar como proyecto de ley.

Si duda, un paso atrás que va a generar múltiples vicisitudes que impedirán saber con certeza si la tan esperada y necesaria simplificación administrativa llegará o no y en qué condiciones.

También es un grave error porque, más allá de políticas económicas que se puedan desarrollar, si algo piden las empresas es seguridad jurídica. Y lo único que tenemos de nuevo es inseguridad e incertidumbre, una mala ecuación que se aleja del bienestar social.

La política está para solventar problemas, no para generarlos. Y estos berrinches no deben frenar el resto de trabajo que queda por hacer como es la simplificación y automatización de procedimientos, que deben acometerse en paralelo y con independencia del marco jurídico que los ampare.

Solo recordar que la creación de empresas no es ni gratuita ni sencilla, porque para llegar a levantar una persiana primero hay que realizar un recorrido ordenado por toda una casuística de cerca de 30 trámites de todo tipo (ayuntamientos, administración autonómica y estatal, seguridad social, hacienda, permisos sociosanitarios, préstamos, notaría, etc.). Además, todo negocio para iniciar su andadura tiene unas instalaciones eléctricas y de agua sanitaria que dar de alta, así como acogerse a toda la reglamentación en materia de seguridad industrial que afectan a otras instalaciones auxiliares, si dispone de ellas, como ascensores, climatización, protección contra incendios, escaleras o puertas mecánicas con sus respectivos mantenimientos e inspecciones periódicas que conllevan.

Dicho esto, solo queda apelar a la madurez política para que no nos compliquen lo que ya de por sí es complicado. Los partidos tienen, en estos momentos, una oportunidad única para demostrar que saben anteponer los intereses generales de la sociedad a una polarización política que hace imposible el consenso, llegar a acuerdos y así avanzar en busca del bien común.