Vivimos en el siglo XXI, en un país democrático, y con un estado del bienestar, razonablemente asentado, fruto del trabajo, sudor y esfuerzo de muchas generaciones que han peleado por un objetivo común: conseguir ser un país de oportunidades, en el que cualquier empresa pueda desarrollar su actividad con absoluta normalidad y libertad, y en el que cualquier persona pueda emprender su proyecto de vida gracias a un trabajo con unas condiciones dignas.

Para conseguir estos objetivos, es necesario ayudar a la creación y sostenibilidad de uno de los pilares de esta sociedad: LAS EMPRESAS. Sin empresas, no hay empresarios ni empresarias. Sin empresas no hay gente trabajando. Y sin empresas que generen actividad económica, no hay estado del bienestar sostenible.

Es responsabilidad de todos, especialmente de cualquier gobierno, el poner la alfombra roja para que la actividad fluya, máxime cuando la sociedad (en la que también está el empresariado) tenemos afortunadamente interiorizados unos valores a los que ya no vamos a renunciar. Me refiero a la sostenibilidad medioambiental, económica y social, la igualdad, unas condiciones de trabajo dignas, el respeto a lo diferente y un largo etcétera que son logros conseguidos siempre desde el trabajo, pero sobre todo desde el diálogo.

Dicho todo esto, asusta ver cómo en pleno siglo XXI se pueden tomar medidas que afectan directamente a la sostenibilidad empresarial sin debatir o al menos intentar consensuar con todos los agentes implicados, es decir, también con las organizaciones representativas de las empresas.

Decisiones arbitrarias como los ámbitos de negociación de los convenios colectivos o las subidas del SMI con amenazas son el claro ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas. Más allá de los contenidos, criticamos las formas.

Nos encantaría un escenario en el que hubiera una mesa de trabajo en el que estuviéramos todos: Administración, organizaciones empresariales y sindicales, y en el que, desde las lógicas diferencias, pusiéramos negro sobre blanco temas que es inexplicable que aún no estén contemplados. Podríamos hacer una larga lista: la ineludible formación de las personas, el absentismo laboral y el papel potencial de las Mutuas para resolver las disfunciones del actual Sistema, los horarios de trabajo y conciliación, las cargas administrativas e impositivas, la sostenibilidad del sistema de pensiones, y muchos más.

Desde el sector del metal vemos que eso es hacer sociedad, eso es hacer país, eso es hacer política. Las imposiciones desde las mayorías siempre durarán menos que el diálogo constructivo.

Defendamos las grandes herramientas de nuestra sociedad que están en entredicho: la democracia, el respeto, el debate y el diálogo social.