La Confederación Empresarial Valenciana (CEV) considera que la situación de excepcionalidad provocada por la expansión del COVID-19, exige que los gobiernos y la Unión Europea, en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, aprueben también las siguientes medidas excepcionales en materia laboral, económica y fiscal:

Laboral:

• Simplificación y agilización de los procedimientos en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs). Además, la causa de fuerza mayor para justificar los ERTEs se debe reconocer para todas las empresas de aquellos sectores cuya actividad está limitada por el Real Decreto 463/2020, así como para las del resto de sectores que, a pesar de no estar directamente afectadas por el estado de alarma, justifiquen debidamente el descenso de su actividad como consecuencia de éste.
• La normativa vigente concede un plazo de 5 días para resolver los ERTEs, por lo que la Administración debe tener en cuenta ese límite y prever los recursos materiales y humanos necesarios para que este plazo se cumpla.
• Una mayor flexibilidad en la contratación y en la gestión del tiempo de trabajo mientras dure el estado de alarma.
• Que los trabajadores afectados por un ERTE puedan recibir la prestación por desempleo desde el primer día para lo que es necesario la colaboración de la autoridad laboral competente y de las empresas.

Económica y fiscal: Para contener los graves problemas de liquidez, facilitar el acceso al crédito y evitar la asfixia de tesorería la CEV:

• Solicita a las administraciones públicas la aprobación de una moratoria en el pago de todos los impuestos, como mínimo, hasta el 30 de julio.
• Insta a la banca privada a aplicar un periodo de carencia sin coste, como mínimo hasta el 31 de diciembre, del total de las cuotas, sin coste. Además, a la vista de las condiciones excepcionales del BCE (que está aportando financiación al sistema a tipos negativos), solicita la apertura de líneas de crédito para tesorería a tipo de interés “cero”.
• Recomienda a la banca pública promocional valenciana —IVF— la creación de líneas de financiación para circulante a tipo de interés “cero”, y a AFIN-SGR la relajación de las condiciones para el otorgamiento de garantías y avales.
• Reclama al Gobierno central que avale, a través del ICO, parte de los préstamos que requiere el tejido empresarial y permita así elevar la tolerancia de riesgo de la banca privada.

Sigue reivindicando un apoyo explícito desde el sector público a todos los sectores productivos, así como una rebaja de la fiscalidad a través de bonificaciones en todos y cada uno de los tributos.