Se ha publicado en el BOE la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
Se compone de los siguientes capítulos:
• El capítulo I, dedicado a la política española de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global
• El capítulo II, incluye la Planificación, Seguimiento y Evaluación de la cooperación española para el desarrollo sostenible; la regulación de instrumentos y modalidades; las acciones públicas complementarias (educación y fomento de la participación); la regulación de la acción humanitaria (reconoce su especificidad y su marco normativo diferenciado en el Derecho Internacional, y sus necesidades de gestión); y la cooperación financiera para el desarrollo sostenible (crea el Fondo Español de Desarrollo Sostenible).
• El capítulo III, dedicado a los órganos competentes en la formulación de la política de cooperación para el desarrollo sostenible (Congreso de los Diputados y el Senado, Gobierno y órganos de coordinación y consulta).
• El capítulo IV tiene por objeto regular los órganos competentes en la ejecución de la política española de cooperación para el desarrollo sostenible, dividiéndolos en:
o Administración General del Estado y organismos dependientes (AECID, FIIAPP, F.S.P., Fundación Carolina) y otros Ministerios.
o Cooperación descentralizada de las comunidades autónomas y entes locales.
o Otras entidades, incluyendo a las ONGD y la sociedad civil, así como el sector privado, agentes sociales y económicos, universidades y centros de estudio e investigación.
• Capítulo V regula el personal al servicio de la AGE y del sector público institucional, en este ámbito.
Especial referencia a las empresas Artículo 39. Sector privado empresarial y economía social.
1. Se fomentarán los partenariados y las alianzas público-privadas entre los órganos ejecutores de la cooperación española contemplados en esta ley y el sector privado empresarial y las entidades de la economía social, para el cumplimiento de los ODS en los países socios de la cooperación y la difusión de buenas prácticas españolas en materia de sostenibilidad. Entre los ámbitos de estas alianzas se incluirán la mejora de las cadenas de valor, el suministro de bienes y servicios, la asistencia técnica (incluida la realizada por empresas consultoras), la cooperación financiera, la inversión de impacto, la investigación y la innovación para el desarrollo sostenible, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos y laborales, y el fomento de la participación social en la cooperación al desarrollo sostenible, sin perjuicio de otros ámbitos de actuación.
2. En las Alianzas Público-Privadas para el desarrollo sostenible y en las actuaciones con empresas, la cooperación española velará por el cumplimiento de las exigencias de diligencia debida en materia de derechos humanos, derechos laborales, derechos de infancia, medio ambiente y transparencia que se establezcan de acuerdo con las normas españolas y de la Unión Europea en esta materia.
3. Los concursos y procesos de licitación de obras, suministros o servicios de las actividades de la cooperación española estarán abiertos al sector privado y a otros actores, como las ONGD. En la medida que contemplen objetivos específicos de tipo medioambiental, social u otros, estos incluirán tanto en las especificaciones técnicas como en los criterios de adjudicación y en las condiciones especiales de ejecución los aspectos sociales, medioambientales y de derechos humanos del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate. Todo ello, se efectuará conforme a lo dispuesto en la normativa estatal y europea de aplicación, en particular, el artículo 127.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, con especial consideración a la agricultura o ganadería ecológicas, al comercio justo, a la igualdad de género o a las disposiciones que garantizan el cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellas, el Convenio 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, la normativa aplicable a nivel europeo y las Líneas Directrices de la OCDE para empresas Multinacionales.