Que la hucha de las pensiones está prácticamente vacía es un hecho. Que la Seguridad Social está en números rojos con 18.800 millones de euros de pérdidas también. Y si a esto le añadimos que las cotizaciones sociales que soportamos las empresas españolas son un 30% superiores a las europeas, la situación requiere de un serio análisis.

En primer lugar, el Pacto de Toledo está estudiando una serie de medidas para paliar las necesidades financieras de la Seguridad Social que no nos acaban de encajar desde nuestro punto de vista como organización empresarial.

Me refiero en concreto a que se está planteando tocar las cotizaciones a la Seguridad Social elevando progresivamente la base máxima de cotización para elevar los ingresos del sistema con el objetivo de aliviar una buena parte de ese agujero negro. Una subida de la base máxima de un 1,4% cuyo coste empresarial se estima en 216 millones de euros anuales.

Es decir, una factura que recaería sobre las empresas que somos quienes soportamos el grueso de las cotizaciones sociales. Y no hace falta recordar que éstas son el impuesto que más detrae la actividad económica, ya que recae directamente sobre la creación de empleo.

En segundo lugar, como decía al principio de este post, la presión de las cuotas en España es, junto con la francesa, la más elevada en Europa. Es decir, la carga contributiva que soportamos los empresarios supone que, de media, cada empleador pagamos un 29,9% a la Seguridad Social por trabajador, muy por encima del resto de países europeos que aportan en torno a un 23,11.

Un claro desincentivo que debería rebajarse porque es un impuesto al empleo. Por tanto ante este escenario y para atenuar la presión de dichos costes consideramos prioritario una rebaja de las cuotas empresariales a la Seguridad Social.

Una demanda histórica de organizaciones empresariales que, como FEMEVAL, sabemos que no sólo permitiría bajar los costes labores y, por tanto, posibilitar la subida de los salarios, sino que también contribuiría a crear puestos de trabajo.

Insistimos. Un 99% del tejido empresarial en España está compuesto por pequeñas y medianas empresas, que generan más del 60% de los empleos. Sin embargo, en vez de recibir apoyo, nos llenan la mochila con cargas administrativas y costes laborales que limitan nuestro crecimiento, competitividad y capacidad de generar riqueza y bienestar social.

La fórmula es sencilla: si se rebajan de forma generalizada las cotizaciones sociales el resultado será un mayor estímulo de la contratación estable y la posibilidad de aumentos salariales. Espero que nuestros gobernantes tomen nota y reconsideren este apoyo a la actividad empresarial porque es el único que puede mantener el sistema.