Empezamos el último tramo del año con la sensación de que vamos a entrar en el libro Guinness de los récords. Al menos, en lo que respecta al precio de la electricidad porque se encamina a marcar en 2018 su mayor valor de la última década.

En el mes de julio el precio del mercado mayorista alcanzó un máximo de 63 euros/MWh. En agosto la factura se encareció un 35,5% respecto al mismo periodo del año pasado, registrando su nivel mensual más alto desde enero de 2017. Pero todas las alarmas se han activado a primeros de septiembre al dispararse dicho máximo anual a 74,58 euros/MWh.

Esta imparable escalada de precios ha obligado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, a comparecer en el Congreso de los Diputados el 19 de septiembre para explicar un incremento, a todas luces, surrealista. Porque como suele decirse, parece que llueve sobre mojado, ya que a pesar de haberse revertido la situación de escasez con las abundantes lluvias de los últimos meses que han disipado el bajo nivel de los embalses, las subidas son muy elevadas comparadas con la media histórica.

No obstante, por muchas explicaciones que dé, el problema sabemos cuál es. Y no es otro que en España se especula con el agua embalsada para subir el precio de la electricidad porque la ley lo permite. La normativa favorece a tres grandes grupos dominantes que se reparten las grandes centrales de producción. Son los dueños de la generación hidráulica además de la de carbón y gas a la que el agua debería sustituir. Ellos tienen la batuta para decidir los precios y hacer y deshacer a su antojo.

Ante un mercado marginalista con tan poca competencia como el español en el que siempre hay una excusa para tener precios altos, toca pedir medidas urgentes a corto plazo. Y estas pasan por abrir las puertas a procesos competitivos de subasta para dar entrada a un mayor número de participantes cuando caduquen las concesiones hidráulicas.

Es evidente que se trata de una muestra más de cómo nuestros representantes políticos se interesan más en garantizar el beneficio privado de unos pocos que al bienestar social general. Y se olvidan de que el tiempo no corre a favor del motor económico de este país, es decir, las miles de empresas que, a día de hoy, soportamos el quinto precio de la electricidad más alto de Europa.

Una losa insalvable que merma la competitividad de sectores como el metalmecánico que sufre un continuo aumento de los costes regulados de la energía que ya suponen, dependiendo del segmento de actividad, entre el 30% y el 60% de la factura eléctrica. Esto le está provocando una pérdida de posiciones en los índices de competitividad internacionales y, en última instancia, deslocalizaciones, desinterés de los inversores y pérdida de masa empresarial.

Ante este escenario, Sra. Ministra, le pedimos que no permita que siga lloviendo sobre mojado para que no sean inútiles los esfuerzos que viene haciendo un tejido empresarial para racionalizar el consumo, asegurar el suministro, incorporar fuentes energéticas más limpias y seguras, y reducir el impacto de su coste en el precio final del producto que generamos.