Nadie puede poner en duda a estas alturas el empeño de nuestras empresas para esquivar las embestidas de la crisis. Y mucho menos menospreciar la proeza de hacerlo bien y sin tirar la toalla. Hemos aprendido a hacer frente a la falta de financiación y a las elevadas cargas impositivas, a sobrevivir a los altísimos índices de morosidad, y hemos conseguido readaptar nuestras estructuras para producir más con menos recursos. Por todo ello, cabria esperar un mayor compromiso de nuestros gobernantes para activar la maquinaria de la recuperación.

Una muestra de este escenario se evidencia en los vaivenes de normativas y costes energéticos a los que nos enfrentamos empresas y ciudadanos.

La luz representa entre un 10% y un 30% de los gastos de cualquier empresa del sector metalmecánico. Unos costes, en ocasiones superiores a los laborales, que se han duplicado y hasta triplicado en el último año, y que han hecho que en el caso de la industria, el precio final de la electricidad se sitúe como uno de los más caros de Europa.

Por eso, y al igual que las empresas planificamos nuestra actividad conforme a unos objetivos de resultados, inversiones y gastos, necesitamos que se nos asegure que no vamos a encontrar imprevistos en el camino. Un trayecto sin obstáculos que no haga inútiles nuestros esfuerzos por racionalizar el consumo, asegurar el suministro, incorporar fuentes energéticas más limpias y seguras, y reducir el impacto de su coste en el precio final del producto.

Por lo tanto, estas constantes subidas de precio del consumo eléctrico, unido a la reciente reforma energética que introduce aspectos que contradicen la eficiencia energética que impone la legislación comunitaria, ponen en serias dificultades nuestra capacidad competitiva. Necesitamos con urgencia un suministro energético previsible, seguro y a precios competitivos, pero sobre todo una política energética que se aleje de las decisiones cortoplacistas ligadas a las legislaturas.

Hasta aquí queda claro que el oligopolio energético no beneficia al tejido empresarial. Pero, ¿qué alcance tiene en el plano doméstico? Las cifras son escalofriantes. Alrededor de 1,4 millones de viviendas sufrieron un corte de luz por impago el año pasado en España, más del doble que antes de la crisis. Además se estima que en España ya hay más de dos millones de personas que sufren pobreza energética: hogares que tienen que racionar el uso de calefacción en invierno y con problemas para hacer frente a sus facturas. Ante este panorama, me surge una pregunta ¿éste es el futuro energético que nos espera?

La situación es crítica, porque pone en peligro el estado de bienestar que hemos conseguido con mucho esfuerzo. Desde FEMEVAL esperamos que nuestros gobernantes recapaciten y legislen políticas energéticas no discriminatorias y económicamente viables para los ciudadanos y para el conjunto del tejido productivo. Con ello evitaremos decir que el último apague la luz.