Las maniobras orquestales de sus señorías para configurar el nuevo Gobierno han sido un auténtico mercado persa, donde ha primado el sálvese quien pueda, el donde dije digo, digo Diego o el ni contigo ni sin ti. Y en paralelo la ciudadanía ha asistido atónita al baile de pactos adoptados a escondidas en la trastienda de los despachos de Bruselas.

Pero una cosa es el sentir general y otra la obligación de aceptar el modo en el que se ha gestado el nuevo Gobierno porque, nos guste más o menos, se acoge a la Constitución. Aunque también, les guste más o menos, exigimos que cualquier decisión que se adopte en adelante se haga dentro de los principios de la Carta Magna y al margen de cualquier interés político o partidista.

Así, y tras meses de indefinición política en los que se ha enraizado un clima de incertidumbre, tenemos un nuevo Ejecutivo. Pero lejos de generar confianza, augura una legislatura convulsa con más interrogantes que certezas por las medidas que pueda desplegar.

La hoja de ruta marcada asusta porque atisba una distorsión de la unidad de mercado, una escisión territorial ante la posible concesión de cheques en blanco a determinadas autonomías, una intromisión en la negociación colectiva que pretenden algunas fuerzas políticas, la permanencia en una  inseguridad jurídica que frene el crecimiento y ponga en jaque la "credibilidad" de España, así como un temor a que se adopten más propuestas a "espaldas" de las organizaciones empresariales que traspasen las líneas que corresponden al diálogo social.

Y como guinda que no se respete la independencia empresarial y el derecho para decidir en qué lugar desarrollar nuestra actividad porque atenta contra el libre mercado.

Desde CEOE y Cepyme ya hemos advertido al nuevo Gobierno que no olvide poner en su agenda que la mejor política social es que la gente tenga empleo, y quien lo genera somos las empresas.

Pero estamos muy debilitadas por el aumento significativo de todo tipo de costes laborales, fiscales, financieros, energéticos, materias primas… y por una incertidumbre política que ha alimentado la ralentización de la economía. Una desaceleración que además influye negativamente en las decisiones de inversión, tan necesaria para que un país no se pare, a lo que se une el recelo y temor de los inversores extranjeros por los pactos alcanzados con los nuevos socios de Gobierno.

No queda otra que esperar y poner la proa hacia la defensa de las empresas desde sus organizaciones representativas porque entramos en una época difícil y no vamos a tolerar más ataques continuos a nuestro rol social. Nuestra postura, desde el respeto y lealtad a las instituciones que siempre hemos demostrado, va a ser implacable porque el colectivo empresarial es la pieza básica y esencial en el funcionamiento económico de cualquier país, además de generador de puestos de trabajo y de bienestar.