Si todo un subsector como los servicios del metal alza la voz para pedir medidas que acoten la proliferación del intrusismo profesional, no se puede pasar por alto. Máxime cuando hablamos de una actividad ilegal que alcanza el 40% y afecta a más de 2.700 empresas metalmecánicas.
Este dato evidencia una situación muy grave que hace peligrar la continuidad de miles de profesionales y empresas que operan de forma autorizada en nuestra Comunitat. Entre ellos, los relacionados con las instalaciones y mantenimiento de aire acondicionado, climatización, calefacción, frío industrial, comercial y energía solar térmica, eléctricas, telecomunicaciones y energías renovables, de aparatos, equipos y sistemas utilizados en la protección contra incendios, ascensores, fontanería e instalaciones térmicas, gases y demás fluidos.
Cada vez hay más casos de personas o empresas que ejercen estas actividades de forma clandestina sin darse de alta, sin seguro de responsabilidad civil, sin tener las oportunas cualificaciones profesionales establecidas por la Administración pública para cada caso, sin pagar impuestos y sin cumplir las normativas laborales o medioambientales.
Aunque dentro del sector metalmecánico existen múltiples modalidades de intrusismo, quizá la más popular o tradicional es la de aquella persona física que practica una profesión sin acreditación para reconocer su valía, ni conocimientos técnicos que respalden su trabajo. Su identificación es prácticamente imposible, ya que no consta en ningún tipo de censo porque incumple las exigencias legales que afronta cualquier empresario. De este modo puede actuar impunemente, desbancando los precios de mercado y estafando a los usuarios. Dos hechos que dejan un panorama muy poco favorecedor para el empresario legal, que se ve obligado a luchar contra la desconfianza que los intrusos profesionales han creado.
Otro factor a tener en cuenta es que al no poder garantizar la calidad y seguridad de las instalaciones en las que intervienen estos falsos profesionales se ponen en cuestión los derechos de los consumidores en caso de reclamación pero, sobre todo su seguridad, que, como he indicado, se ve seriamente comprometida.
Pero lo que más nos alarma es, y lo digo alto y claro, que el intrusismo cuesta vidas, además de conllevar riesgos incalculables sobre la salud y la seguridad de las personas. Enumero algunos. Accidentes en viviendas por el mal estado de las instalaciones que puede provocar subidas o bajadas de tensión altamente peligrosas, y con ello muertes por electrocución. Explosión de extintores en mal estado. Trastornos de salud como asma, alergias, legionella, infecciones respiratorias, problemas musculares, rinitis, conjuntivitis o faringitis en el caso de los aires acondicionados. Riesgo de accidentes por recurrir a talleres ilegales que hacen peligrar la seguridad vial. Y atrapamientos, problemas con las puertas y caídas por el hueco entre el ascensor y el piso o descolgamiento y caídas al vacío como lamentablemente ha sucedido hace poco.
Con este horizonte, desde FEMEVAL, junto a nuestras principales asociaciones afectadas ASELEC, ASEIF, ACVIRME, FEVAUTO, AVICLIMA y ASCENCOVAL hemos aunado sinergias para actuar sobre una actividad ilegal que está haciendo pleno en nuestras empresas. Juntos vamos a hacer frente a una reclamación histórica que, en el caso del sector metalmecánico de la Comunidad Valenciana, llevamos más de 20 años solicitando que se ejerza un mayor control por parte de la Administración, para garantizar la seguridad de las instalaciones y de los usuarios de las mismas.
No obstante cualquier esfuerzo será nulo porque mientras siga existiendo gente que solicite los servicios de los intrusos profesionales, seguirá habiendo una actividad ilegal que se alimentará de la economía “oficial”. Es, por tanto, una tarea conjunta de los empresarios, los usuarios finales y, sobre todo, de la Administración, el combatir coordinadamente este fenómeno económico y social. ¡Esperamos que tomen nota!