LOECE (1980), LODE (1985), LOGSE (1990), LOPEG (1995), LOCE (2002), LOE (2006) y, ahora, LOMCE (2013). Este batiburrillo de siglas resume los vaivenes de un sistema educativo de un país como el nuestro que, en sus 40 años de historia democrática, no ha parado de modificarse. Un despropósito legal de la enseñanza que sólo ha servido para apuntalar unas tasas de fracaso escolar y de paro juvenil inaceptables, unas cifras de analfabetismo funcional preocupantes y, sobre todo, una notable incapacidad para mantener a los estudiantes entusiasmados con su propio aprendizaje.
Sólo un dato: España es líder de la Unión Europea en fracaso escolar, con una tasa del 21,9% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado prematuramente el sistema educativo, un porcentaje que duplica la media comunitaria (11,1%).
Nadie podrá negar que hemos llegado a este punto como consecuencia de un sistema educativo mal diseñado, inestable y politizado que afecta de forma directa a jóvenes, profesores, familias, a nuestras empresas y, por ende, al conjunto de la economía y de la sociedad.
Este cúmulo de leyes, añadidas a otras tantas de carácter orgánico, evidencia que hace falta un gran pacto de Estado por la educación. Y la oportunidad de oro la tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque el cambio de rumbo que se vislumbra en el horizonte político, asentado sobre alianzas estratégicas para poder gobernar, es el punto de partida para seguir sumando sinergias en temas de tanto calado social como éste.
Así que en sus manos está el dar luz verde a un sistema de enseñanza estable en el tiempo e impermeable a cualquier tipo de alternancia política. Este pacto que pedimos evitará que asistamos a nuevos bailes normativos, que lo que único que hacen es distorsionar el panorama educativo, hipotecar el futuro de las generaciones venideras y restar protagonismo a entidades como FEMEVAL a las que se nos ningunea como agentes formadores.
Todos sabemos que una formación solvente favorece el desarrollo personal y profesional, aumenta las posibilidades de inserción en el mercado laboral y contribuye a la riqueza económica y cultural de cualquier país. Pero para contribuir a estos fines debe estar en perfecta consonancia con las necesidades del modelo socioeconómico que impere en cada momento. Y ninguna de las siete leyes educativas de nuestra democracia ha estado a la altura de las circunstancias. Todas han hecho agua por todas partes al poner más empeño en seguir transmitiendo conocimientos de manera unidireccional, en vez de centrarse en la transmisión de valores, el sentido crítico, el esfuerzo y la enseñanza participativa.
Y es aquí donde se encuentra una de las claves de la educación del futuro. Es decir, en priorizar cualidades “no curriculares” como la creatividad, intuición, flexibilidad, espontaneidad, empatía, competencias interculturales y capacidad organizativa. Aunque suena a utopía, este reto no es imposible, porque ya existen modelos ejemplares que nos pueden servir como referencia. Entre ellos el finlandés considerado como uno de los mejores del mundo con solo un 1% de abandono escolar, y que llevan más de 40 años aplicando.
Sólo unas pinceladas de las claves de su éxito. En Finlandia, los docentes son profesionales valorados, muy bien preparados y vocacionales. La educación es una profesión con prestigio y los profesores tienen gran autoridad en la escuela y en la sociedad. El reparto del dinero público se hace de forma equitativa y justa entre los centros. La educación se personaliza y se respeta el ritmo de aprendizaje de cada niño. Los informes que el profesor elabora para los padres son descriptivos, no numéricos. Se premia la curiosidad y la participación. En la educación se valora la creatividad, la experimentación y la colaboración por encima de la memorización. Y existe una gran implicación de los padres en la enseñanza de sus hijos.
El panorama en España dista bastante del modelo nórdico. Nuestro método de enseñanza se basa en clases magistrales donde el profesor expone y los alumnos copian al dictado. Se invierte poco en la formación continua del profesorado y no se establecen incentivos para aquéllos que consigan que sus alumnos aprendan más. La escasez de recursos es patente en muchos colegios y los padres suelen delegar la responsabilidad de la educación en los centros educativos.
Por lo tanto, consensuar esa gran reforma global y profunda que necesita nuestro sistema educativo es cuestión de actitud. Pero solo se podrá lograr aproximando la inversión en enseñanza a la media de los países de la Unión Europea, garantizando un consenso básico entre la Administración y la comunidad educativa que dé a nuestra legislación un horizonte de estabilidad, respetando más el saber y sus trabajadores y fomentando una mayor conexión entre los centros educativos y el mundo empresarial. Estas pautas harán realidad aquella que decía Confucio: “Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí».