El Ministerio de Interior ha anunciado la puesta en marcha de un Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, para mejorar las capacidades de los distintos órganos de esta institución pública para la detección, prevención, protección, respuesta y persecución de la ciberdelincuencia. Además, pretende generar un nuevo impulso operativo y técnico eficaz que garantice la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana.
Un plan para mejorar la lucha contra la ciberdelincuencia que se propone tras el grave ataque ransomware sufrido la semana pasada por el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) que dejó bloqueados gran parte de sus sistemas informáticos y sin poder atender a la ciudadanía.
El plan, dotado con un presupuesto de un millón de euros, entró en vigor el pasado 10 de marzo después de haber sido aprobado el 18 de febrero de 2021, y basa sus objetivos en seis ejes estratégicos:
Promover la cultura de prevención de la cibercriminalidad entre la ciudadanía y las organizaciones;
Impulsar la formación y la especialización de los miembros de las FCSE en materia de ciberseguridad y cibercriminalidad;
Incrementar y mejorar el uso y disposición de las herramientas tecnológicas e implementar la I+D+i;
Gestionar adecuadamente la información del ciberespacio;
Promover un marco legal e institucional que solucione los desafíos relacionados con la ciberseguridad y la cibercriminalidad;
Impulsar la coordinación nacional e internacional y favorecer la colaboración entre el sector público y privado.
A día de hoy los riesgos y ataques en cuestión de ciberseguridad experimentan un fuerte crecimiento a nivel mundial. La Comisión Europea estima que el costo de la ciberdelincuencia para la economía global en 2020 fue de 5,5 billones de euros, lo que representa la mayor transferencia ilícita de riqueza, superior a la que genera el tráfico de drogas. Asimismo, y con datos del Ministerio del Interior, si en 2015 la ciberdelincuencia representó el 4,1% del total de la criminalidad conocida, a finales de 2019 esta tasa había escalado al 9,9%.
El Plan ha sido liderado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC). Asimismo, han participado responsables, especialistas, autoridades y expertos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, de las policías autonómicas. Además del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General de la Abogacía Española, de CCN-CERT e INCIBE-CERT, del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC), así como de la universidad, de la banca y de otras instituciones privadas.