ASELEC y PYMEV, miembros de FIECOV, ponen de manifiesto el retraso en la tramitación de expedientes de instalaciones eléctricas por parte de la Conselleria de Industria. Una problemática que afecta a las empresas instaladoras y la puesta en marcha de proyectos en una gran cantidad de empresas valencianas. Este bloqueo afecta especialmente a las provincias de Valencia y Alicante. En la de Castellón, sin embargo, el servicio funciona con normalidad.
A nivel económico, este retraso supone un perjuicio para las empresas instaladoras, al no poder ingresar el cobro de su trabajo hasta que la instalación no entre en funcionamiento. Resulta realmente complicado explicar que una instalación realizada por profesionales autorizados y que cumple todos los requisitos técnicos y legales puede tardar en ser legalizada. Una cuestión que afecta todavía más a los propietarios de las instalaciones. Además, desincentiva los planes futuros de inversión de las empresas en nuestro territorio.
El retraso en la tramitación de expedientes de instalaciones de baja y media tensión desde el mes de marzo se ha ido agudizando progresivamente. Es muy habitual que muchas instalaciones tarden incluso años en legalizarse por la complejidad de su proceso de tramitación y por la falta de recursos en el Servicio Territorial de Industria de Valencia. Es casi imposible establecer un contacto fluido con el personal del Servicio Territorial para conocer la situación en la que se encuentra un expediente.
Además, ya no es posible concertar citas presenciales y el sistema de citas telefónicas no es eficiente. Actualmente se cuenta con unos plazos de atención superiores a un mes. Una realidad que ya fue denunciada en el mes de mayo por FIECOV. Esta federación está compuesta por las cuatro asociaciones provinciales (AIECS, APEME, ASELEC y PYMEV). Entre todas representan a más de 2.000 empresas instaladoras. Se consiguió como resultado una reunión con la directora general de Industria, Empar Martínez. Aun con todo, de momento no se ha logrado un desbloqueo de este asunto.
FIECOV ha mantenido numerosas reuniones con los más altos responsables de la Conselleria de Economía, de la que depende la Dirección General de Industria y Energía. En sus competencias reside la resolución del problema.
La Administración prometió varias acciones. Entre ellas, incrementar la plantilla de funcionarios del Servicio Territorial, revisar los procedimientos de tramitación para simplificarlos siguiendo el ejemplo de otras Comunidades Autónomas y estudiar las propuestas de mejora que tanto Asociaciones y Colegios Profesionales como empresas afectadas han realizado. Sin embargo, no se ha conseguido ningún resultado.
Cabe destacar que el pasado mes de junio, Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana anunció el “Plan Agiliza”. Este plan está destinado a reducir los trámites administrativos con la finalidad de reactivar la economía valenciana. A mediados de julio la DGIE puso en marcha un nuevo procedimiento de tramitación para instalaciones de autoconsumo que es muy sencillo y ágil. El problema reside en que es de aplicación a las instalaciones legalizadas con fecha posterior.
Se ha detectado también un retraso en el alta de empresas. Aunque desde el momento en que se presenta la documentación pertinente ante los STIE, jurídicamente se entiende por legalmente habilitada, la empresa instaladora no puede certificar sus instalaciones hasta varios meses después, cuando se tramita totalmente el alta.
FIECOV considera que esta situación es insostenible y que causa graves perjuicios a las empresas valencianas que quieren ampliar y mejorar sus instalaciones. Además, desincentiva las inversiones en la Comunitat ante la seguridad de que los trámites se van a eternizar.
Esta realidad es conocida en el resto de España y en particular en las comunidades limítrofes. Se está aprovechando la oportunidad para atraer a inversores que en principio pensaban en la Comunitat Valenciana como lugar ideal para llevarlas a cabo.
FIECOV utilizará todos los medios a su alcance para hacer visible este problema y dará soporte a todos sus asociados para que utilicen todos los recursos legales a su alcance. Presentará también una queja ante el Síndic de Greuges para que sea conocedor de esta problemática y medie ante la Conselleria y la DGIE para su resolución.